Luego de una semana de hechos curiosos que
sólo nuestra sociedad macondiana puede soportar, donde pasamos de presenciar la fiesta -que al
mejor estilo de Pablo Escobar- dio en una isla del Caribe el traqueto al que le
dicen Fritanga, a las infortunadas apreciaciones de una señora flaca sobre las
mujeres gordas y luego de todos los acontecimientos bochornosos que rodearon la
Reforma a la Justicia, llegamos a lo que todos pensábamos en silencio; la
apertura de investigación a los conciliadores de dicha reforma por parte de la
Corte Suprema.
Inicialmente las denuncias cobijan a los
senadores Jesús Ignacio García Valencia, Juan Manuel Corzo Román, Carlos
Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo Escobar, Luis Fernando Duque y
Martin Emilio Morales Díaz.
Estos hicieron parte de la comisión de 12
integrantes encargada de conciliar el texto de la Reforma y que desató
la inconformidad popular al revelarse que habrían introducido y modificado
algunos artículos en beneficio de los parlamentarios.
Por el momento la confusión con respecto a
este tema es el común denominador, ya que estos primeros sostienen que no
incurrieron en ningún delito al no
existir prevaricato para este caso. Sin embargo la contraparte, es decir los
acusadores, que mantienen su identidad en reserva, reiteran que si hubo
presiones desde la cárcel Picota de algunos parapolíticos, como lo indicó en su
momento el presidente Santos.
Pero de lo que no cabe la menor duda es que el
texto de la reforma, aprobado por la plenaria del Senado y Cámara, sí fue
modificado en causa propia en la noche del 22 de junio de 2012 y especialmente los
dos grandes beneficiarios iban a ser los Secretarios der ambas corporaciones.
Para que el Congreso pudiera recuperar algo de
la credibilidad perdida, el pueblo colombiano vería con buenos ojos un castigo
ejemplar para los responsables de esta conducta y que esto mismo ayudara en el
futuro para depurar a sus integrantes.
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