En el fallo contra Petro, la Registraduría podría definir futuro político

Cuando se pensaba que al alcalde Gustavo Petro le quedada la instancia internacional ante la CIDH para tratar de parar el fallo de destitución e inhabilidad de Ordóñez, surgió otro ingrediente que llega para complicar esta situación inédita en la política bogotana. La Registraduría avaló el proceso de revocatoria, lo cual fija una fecha para que los capitalinos decidan en las urnas si Petro se queda o no.

De un momento para otro  la revocatoria impulsada por el representante Gómez  y que por estaba casi archivada, cobró nuevamente inusitada importancia.

Por el momento tenemos al alcalde que sin notificarse ante el ministerio público, va a la Corte Internacional y además coloca tutelas ante lo que considera una decisión marcada por el sectarismo político de Ordóñez. De otra parte, al Gobierno pide respetar la institucionalidad, es decir que Petro acepte el fallo y se retire, y finalmente,el público en manifestaciones crecientes en apoyo al burgomaestre.

Parece una carrera desbocada de poderes.El procurador, por un lado, nunca imaginó que esta medida estuviera a punto, inclusive de afectar el proceso electoral del 2014, pues al convocarse a elecciones revocatorias, los partidos políticos tendrán que modificar sus cuadros  y listas por que el panorama político ya cambió. Es más, la gente no sabrá con certeza que estará apoyando son su voto, si el proceso de la Procuraduría, que en últimas es una sanción administrativa, o el tema electoral que es meramente político.

El registrador, quien también tiene "velas en el entierro", llega sin a aviso y sin invitación  a sumarse a todo el  maremágnum ya existente, y mientras tanto la sociedad ve cómo nuevamente se le presentan  una cantidad de sucesos que en últimas van dirigidos a polarizarla aún más.

Lo cierto, con todos estos elementos, es que una decisión que en principio se creía de carácter disciplinaria y administrativa, se tornó política teniendo en cuenta el contexto que a lo largo de la investigación, del dio el Procurador. Además, todas las acciones que ha implementado el alcalde la han encasillado en la misma dirección.
Por el momento el partido no termina, pero a diferencia de los encuentros futbolísticos tradicionales, en este, el balón no se sabe donde está

¿Respetar fallo contra Petro o respetar todos los fallos?

A raíz de la destitución del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador Ordóñez, la sociedad del país y en especial la bogotana, se ha polarizado en torno a la legalidad de este fallo administrativo.

Casi todo va y viene sobre la figura del alcalde, quien hábilmente, ha puesto a opinar a personajes e instituciones, que van desde el Presidente hasta cortes internacionales de derechos humanos.

Ahora hay dos bandos. Unos, que por sus razones político-religiosas y afectos al Procurador sostienen que la decisión se tomó en derecho, lejos de cualquier tinte político y casi que excusando a Ordóñez, argumentan que este era el único camino que le quedaba para sancionar estas fallas en la toma de decisiones gerenciales relacionadas con Bogotá.

Otros, fieles seguidores  a Petro, están convencidos que la destitución y porterior inhabilidad por 15 años, se la ganó hace mucho tiempo simplemente por ser de izquierda y que para ello, el Procurador  contó con la simpatía de sectores de derecha quienes armaron una componenda pues se vieron muy afectados por la decisiones en el sector del aseo capitalino.

Pero lo que más llama la atención es la posición asumida por el gobierno Santos en compañía de los gremios económicos y políticos en el sentido de llamar a respetar la institucionalidad  para que Petro acate el fallo y de un paso al costado.

Todo este pedido estaría bien encaminado si no fuera porque el mismo Santos que hoy está pidiendo que seamos un país decente que respeta y acata las normas de los jueces y sus instituciones, se le olvida que por ejemplo en el  caso del Superintendente financiero, a quien el mismo Ordóñez destituyó e inhabilitó por faltas gravísimas que permitieron el robo de Interbolsa, el Presidente de la República, respetó la decisión, pero de dientes para afuera porque mantuvo en el cargo al funcionario.

Así mismo, si vamos a ser un  país decente que acata  y respeta los veredictos judiciales, inclusive los internacionales, debemos empezar  por respetar el fallo de La Haya, en lugar de asumir la posición del embudo; que mientas las decisiones judiciales no  un nos afecten, todo está bien, pero en caso contrario buscamos la forma de demandar para birlar la ley y no cumplir con sus sentencias.

Si vamos a ser un país decente que acatar y la ley, se debe empezar por reconocer que aquí la mafia compró  unas elecciones para poner un presidente cuatro años en la Casa de Nariño y que los paramilitares hicieron lo propio, pero esta vez fueron ocho años, donde la corrupción se paseó por todos los campos.

Si vamos a ser un país decente, empecemos por lo más simple, respetar la ley, pero no como dicen popularmente; solo para los de ruana.

Decisiones de Procuraduría, de la mano del vaivén religioso y político de Ordóñez

El procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó  por 15 años al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,  basándose en tres argumentos; el sistema de aseo implementado en diciembre pasado,  el aparente bloqueo a la libre competencia y la exposición del público a las basuras en la calle.

En su justificación, Ordóñez  califica estas faltas como gravísimas colocándolas a la altura de otros delitos, estos sí graves, como por ejemplo robarse la plata de la salud de la ciudad o desviar los fondos  de la malla vial, que finalmente es dinero de los impuestos; es decir, robar al pueblo.

En estos eventos ingratamente conocidos  como el “Carrusel de Bogotá”, los afectados por decisiones de la Procuraduría son pocos. En especial llama la atención el caso de Samuel  Moreno, anterior Alcalde, quien apenas fue suspendido por dos meses  y que luego se comprobó su conspiración en una empresa criminal dedicada a saquear  a Bogotá a través  del fraude  en contratos de todo tipo.

Y de los concejales de Distrito ni hablar. Muchos de ellos, pertenecientes a los grandes partidos políticos que reeligieron  a Ordóñez en su cargo por cuatro años más, han  pasado victoriosos y no ha sufrido en todo su esplendor los rigores de las sentencias  de La Procuraduría.

Y así como estos, otros tantos personajes afines a sus predilecciones políticas o religiosas se han  visto beneficiados con sus decisiones. Basta ver la lista de absoluciones  de políticos cercanos a Ordóñez e impulsores de  paramilitares, quienes a pesar de ser condenados por la Fiscalía o tener procesos abiertos, recibieron la bendición del Procurador (ver foto)

Es tal la desproporción del fallo y en especial el tiempo de inhabilidad que a poco de conocerse la noticia, esta pasó casi a un segundo plano y lo que ocupó la atención  de la sociedad en general fue desequilibrio  de la sentencia, la cual no se compadeció  con las fallas administrativas que se adujeron desde el  ente fiscalizador.

Ante este panorama fueron  muchas las voces en defensa del Alcalde  Mayor. Otras, por supuesto, en contra de este, pero  lo más criticado sin duda alguna, fue la falta de coherencia  para emitir una condena tan drástica, teniendo en cuenta que otros  señores, estos sí, criminales avezados, pasaron inadvertidos

Así que al  final, lo que se puso en entredicho fue la institucionalidad de la Procuraduría General en razón que las sentencias emitidas  van de la mano del vaivén político, cultural o religioso del señor que se encuentra al frente de entidad Nacional.