El procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez
destituyó e inhabilitó por 15 años al
alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
basándose en tres argumentos; el sistema de aseo implementado en
diciembre pasado, el aparente bloqueo a
la libre competencia y la exposición del público a las basuras en la calle.
En su justificación, Ordóñez
califica estas faltas como gravísimas colocándolas a la altura de otros
delitos, estos sí graves, como por ejemplo robarse la plata de la salud de la
ciudad o desviar los fondos de la malla
vial, que finalmente es dinero de los impuestos; es decir, robar al pueblo.
En estos eventos ingratamente conocidos como el “Carrusel de Bogotá”, los afectados por
decisiones de la Procuraduría son pocos. En especial llama la atención el caso
de Samuel Moreno, anterior Alcalde, quien
apenas fue suspendido por dos meses y
que luego se comprobó su conspiración en una empresa criminal dedicada a
saquear a Bogotá a través del fraude
en contratos de todo tipo.
Y de los concejales de Distrito ni hablar. Muchos de ellos,
pertenecientes a los grandes partidos políticos que reeligieron a Ordóñez en su cargo por cuatro años más, han pasado victoriosos y no ha sufrido en todo su
esplendor los rigores de las sentencias de La Procuraduría.
Y así como estos, otros tantos personajes afines a sus
predilecciones políticas o religiosas se han
visto beneficiados con sus decisiones. Basta ver la lista de
absoluciones de políticos cercanos a Ordóñez
e impulsores de paramilitares, quienes a
pesar de ser condenados por la Fiscalía o tener procesos abiertos, recibieron
la bendición del Procurador (ver foto)
Es tal la desproporción del fallo y en especial el tiempo de
inhabilidad que a poco de conocerse la noticia, esta pasó casi a un segundo
plano y lo que ocupó la atención de la
sociedad en general fue desequilibrio de
la sentencia, la cual no se compadeció con las fallas administrativas que se adujeron
desde el ente fiscalizador.
Ante este panorama fueron muchas las voces en defensa del Alcalde Mayor. Otras, por supuesto, en contra de
este, pero lo más criticado sin duda
alguna, fue la falta de coherencia para
emitir una condena tan drástica, teniendo en cuenta que otros señores, estos sí, criminales avezados,
pasaron inadvertidos
Así que al final, lo
que se puso en entredicho fue la institucionalidad de la Procuraduría General en
razón que las sentencias emitidas van de
la mano del vaivén político, cultural o religioso del señor que se encuentra al
frente de entidad Nacional.
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