El grafitero solo quería vivir

A Diego Felipe Becerra lo mató un agente de policía el 19 de agosto de 2011. En principio la noticia no tuvo mayor relevancia a no ser porque las versiones, una de la Policía y otra de los familiares y amigos, eran diametralmente opuestas.

Con sus escasos años de vida, Diego Felipe se dedicaba a  pintar grafitis y era así como se ganaba la vida. Como cualquier otro muchacho tenía expectativas y una vida plena por vivir pero el destino quiso que aquel 19 se cruzara con el patrullero de la Policía Wílmer Antonio Alarcón, quien de varios balazos acabó con su vida en un instante.

Las primeras versiones decían que el policía perseguía a Diego al sorprenderlo pintando un grafiti  y como no se detuvo utilizó su arma de dotación. Luego, otro testigo dijo que el grafitero era un malhechor y que lo había visto atracando una buseta y al coincidir con el patrullero, este le disparó en varias ocasiones. Por supuesto hablaron de que estaba armado y  que alcanzó a esconder la pistola minutos antes en unos árboles cercanos al puente de la Avenida Boyacá con 116.

Ante este panorama, Diego apareció en los medios de comunicación  como un vulgar ladrón a quien la policía ajustició casi que en defensa propia. Pero surgió lo inesperado para la institución policial; el compañero de patrullaje de Wílmer, declaró que todo era un montaje y que el grafitero había sido asesinado por la espalda.

A pesar de este esclarecedor testimonio, la Policía a partir de ese momento,  se encargó  de armar unas versiones amañadas que se han desvirtuado una a una  y que inclusive ya han desembocado en la captura de dos coroneles acusados de modificar la escena del crimen.

Pero los jueces aparecieron para dar credibilidad a los testimonios y pruebas de los familiares, es decir a los verdaderos acontecimientos de ese lejano día; Diego Felipe era simplemente un  muchacho que le encantaba garabatear las paredes con aerosoles.

En el proceso que aún sigue están involucrados altos oficiales de Policía, los patrulleros y hasta un General al que el Congreso le ha pospuesto el ascenso en dos oportunidades esperando desenlace en los juzgados.

A estas alturas y después de casi dos años, la familia ha tenido que soportar un largo juicio con todas presiones de la institución policial, que no es poca cosa aguantar y sin embargo van saliendo victoriosos y dejando en alto la memoria de su hijo.

Pero lo importante de esta historia, que pudo quedar archivada en cualquier comisaria de barrio bogotano, es ver como la incertidumbre ronda a los ciudadanos en el momento de verse involucrados con las autoridades de policía. Basta con ver el caso de Diego Felipe que puede ser el caso de cualquiera que tenga el infortunio de cruzarse con personas uniformadas de policía que no tienen el menor respeto por los valores de la institución.

Hoy el grafitero está muerto. Sus dibujos y sus ganas de vivir se fueron porque  alguien decidió que así fuera. Su padre y su madre siguen luchando, simplemente porque Diego Felipe se lo merece.

Triste historia de Arias: de todopoderoso a preso por desviar dineros públicos

 

Andrés Felipe Arias estaba preso en el Canton Norte de Bogotá por desviar fondos públicos del prgrama Ago Ingreso Seguro que dada auxilios a los agricultores y que este aprovechó para repartirlos entre algunas prestantes familias.

Andrés Felipe Arias recobró su  libertad después de casi dos años de estar detenido en el Cantón Norte de Bogotá, guarnición militar dedicada entre otras cosas a cuidar a políticos, magistrados y personajes oscuros que han traspasado la línea de la ley,  mientras afrontan su proceso penal y llega el momento del juicio.

En este sitio rodeado de militares que le llaman “señor” y alejado de las sórdidas celdas de las cárceles comunes donde se mata por un pequeño lugar para dormir, se gastó los días el exministro de agricultura del gobierno Uribe acusado de entregar auxilios para riego a familias prestantes  de la alta sociedad costeña y fraccionar las fincas para aumentar dichos auxilios.

Toda esa estrategia que poco a poco montó Arias con ese regalo dinero a quienes no lo necesitaban y con préstamos a reinas de belleza que nada sabían de agricultura ni de riego, estaba encaminada a  consolidarlo como el sucesor en la Presidencia de la República en caso que Álvaro Uribe no se lanzara a su segunda reelección.

Entonces el camino estaba abonado y con el apoyo del programa Familias en Acción que hábilmente Uribe había trabajado durante ocho años, estaba asegurado un delfín leal que prometía no desviar el rumbo de la Seguridad Democrática.

Sin  embargo, Arias no logró ni siquiera ganar la consulta interna del Partido conservador y con ello la candidatura de la primera magistratura se fue al traste. En ese momento, dada la coyuntura política, surgió el nombre de Juan Manuel Santos por quien se la jugó Uribe y a la postre ganó por una abrumadora mayoría.

Luego de estos hechos, el nombre de Andrés Felipe Arias comenzó a perder peso y de traspié en traspié llegaron las denuncias de la desviación en los fondos del ministerio, hasta culminar con la acusación formal de la Fiscalía y la captura con lo cual se daba por finalizada su carrera política.

Es indudable la culpabilidad del exministro en estos desvíos de fondos públicos pues hasta varios de los implicados, la familia Dávila, aceptaron los cargos y están en proceso de negociación, inclusive los amigos más cercanos en el ministerio, uno a uno, fueron revelando datos que lo implican como la persona que ideó el plan.

Pero en el caso Arias la justicia ha fallado en varios aspectos. En principio se mostró firme con la decisión de no otorgarle la libertad en cuatro tres oportunidades, bajo la tesis de considerarlo un personaje que podría afectar los testimonios de los testigos debido a su influencia en el mundo político y en segundo lugar contemplar la posibilidad de verlo asilado en alguna embajada como ha ocurrido con otros funcionarios del anterior gobierno.

Ahora parece que La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Patricia Rodríguez, tomó en consideración otros aspectos, tal vez familiares, para dejarlo en libertad a pesar que las primera razones no han  cambiado. Arias sigue siendo un  hombre influyente y puede afectar el proceso desde la calle.

Pero lo que más ha confundido a la opinión pública es la demora en el llamamiento a juicio que ha hecho pensar en una politización de todo el proceso, cuando lo que realmente pasa es la clásica lentitud en los juzgados de nuestro país.

Si Arias es culpable, como todas las pruebas hasta ahora lo indican, pues que los jueces “se pongan las pilas” y lo enjuicien en un debido un ágil proceso y no sigan dando palos de ciego en este y otras casos que van a cumplir años engavetados en los tribunales.

Condenas “express”, pero del dinero robado nada

Por culpa del Carrusel que se robó a Bogotá, ya están en la cárcel, Hipólito Moreno, expresidente del Concejo, Juan José Rodríguez, concejal activo y Héctor Zambrano, funcionario estrella de dos administraciones distritales. En lista siguen otros dos concejales, Andrés Camacho Casado y Orlando parada, quien ha demandado innumerables veces a Gustavo Petro. Seguramente estos dos últimos correrán la misma suerte de los anteriores y del juzgado pasarán a ocupar alguna de las celdas de la Modelo.

Pero lo que más impacta de todo este escándalo es la forma como los mismos implicados ante la contundencia de las evidencias, están negociando con la Fiscalía en secreto y rápidamente sus penas, apelando a los beneficios que brindan las leyes en caso de la aceptación de culpas.

Por este camino han desfilado casi todos los implicados, quienes han delatado a sus antiguos amigos y socios a cambio de beneficios de sus condenas, pero en la mayoría de los casos se ha evidenciado la constante de no devolver los dineros robados a la Capital. Es decir, se dieron cuenta que aceptando sus crímenes, pagarían unos pocos años en la prisión y luego, otra vez libres, al estilo de los procesos paramilitares, pero de la plata, nada!!!

Uno de los casos que más llama la atención, además de Hipólito Moreno, quien muchas veces negó su vinculación con estos delitos y al final terminó aceptándolos, es el concejal Orlando Parada, quien además de negarlo también en múltiples ocasiones, ha demando por “casi todo” al alcalde Gustavo Petro sin éxito en sus pretensiones y ahora para no quedarse atrás en lo que es la moda judicial en el Concejo de Bogotá, está aceptando y negociando y aceptando cargos con el ente acusador.

Seguramente la semana entrante, Parada ya no aparecerá ante las cámaras con actitud soberbia sino por el contario pidiendo perdón a los bogotanos!!!

Pero del dinero robado, nada. 

Maduro: el vaivén de las decisiones

Si bien es cierto que Henrrique Capriles no tiene la dimensión de un candidato de oposición que  llene las expectativas de la gente que representa pues su discurso ha caído en las banalidades de la ofensa y muy poco se ocupa de los temas clave que angustian al pueblo de Venezuela, el hoy presidente Nicolás Maduro tampoco porque se ha dejado enredar en las pugnacidades internas del chavismo  y da la impresión de estar buscando los culpables de la crisis fuera de la fronteras del hermano país.

La oposición, en cabeza del gobernador Capriles, ha iniciado una ofensiva internacional con escala en los principales países latinoamericanos donde se desplazaron algunos diputados suyos para explicar la situación interna y el “robo” que, según ellos, les hizo partido del desaparecido Chávez de las recientes elecciones presidenciales.

El mismo Capriles en un acto aparente mente oficial de sus Estado, aterrizó en Bogotá para ser recibido por el presidente Santos, que en un principio se abordó con toda normalidad.

Sin embargo, en Caracas fue interpretado como un acto hostil porque el gobernador del Estado Lara es considerado como un personaje enemigo del gobierno y a quien acusan de la muerte de 11 personas en hechos sucedidos luego de las elecciones  para presidente. Inmediatamente se desató una crisis diplomática entre los dos países que, inclusive, amenazó con interferir en el proceso de paz de La Habana con el grupo insurgente de las Farc, al conocerse el anuncio del abandono del representante de este país  de la mesa de diálogo.

Mientras tanto en Colombia, el presidente Santos no fue ajeno a las críticas por aquellos que consideraron esta reunión como un error político y una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, aunque para decir la verdad, la mayoría de los colombianos estuvieron de acuerdo con el  esta proceder, pero no dejaron de expresar que en el fondo no era el mejor de los escenarios.

Realmente, para el Gobierno la visita de Capriles, además de inoportuna, se convirtió en un riesgo para el desarrollo de los diálogos de  Cuba, ante la posibilidad  de una dura reacción de Maduro, que a la postre fue lo que ocurrió.

Pero para Santos, en su afán de quedar bien con “”Dios y con el Diablo”, decidió recibirlo y exponer ante el mundo que este es un proceder soberano de cada país, en lo cual le asiste toda la razón.

Y para Maduro esta fue una violación del Acuerdo de Santa Marta que firmaron los presidentes Santos y Chávez tras la última de las crisis en el 2011, pues lo entendió como una  injerencia directa en la política del vecino país, y esto es precisamente lo que prohíbe este acuerdo.
Sin embargo la rápida reacción del gobierno Maduro al amenazar con la ruptura de relaciones, y también la rápida orden al canciller Jagua para restablecerlas, deja ver el vaivén en que encuentra el mandatario chavista ante la crisis social y económica agravada por el desabastecimiento de artículos  esenciales de la canasta familiar y ante lo cual, precisamente Colombia, adelantaba negociaciones para subsanar esta crisis y enviar los productos en el menor tiempo.

Así las cosas, al parecer  este cambio de actitud en la decisión de no romper las relaciones con Colombia cuando todo indicaba que viviríamos una larga enemistad con sus angustias económicas en los habitantes de la frontera,  se inclinó más por la sensatez de abastecer a un pueblo necesitado de estos productos, que por insensatez de buscar pretextos en el exterior a sus problemas internos.