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| Andrés Felipe Arias estaba preso en el Canton Norte de Bogotá por desviar fondos públicos del prgrama Ago Ingreso Seguro que dada auxilios a los agricultores y que este aprovechó para repartirlos entre algunas prestantes familias. |
Andrés Felipe Arias recobró su libertad después de casi dos años de estar
detenido en el Cantón Norte de Bogotá, guarnición militar dedicada entre otras
cosas a cuidar a políticos, magistrados y personajes oscuros que han traspasado
la línea de la ley, mientras afrontan su
proceso penal y llega el momento del juicio.
En este sitio rodeado de militares que le llaman “señor” y
alejado de las sórdidas celdas de las cárceles comunes donde se mata por un pequeño
lugar para dormir, se gastó los días el exministro de agricultura del gobierno
Uribe acusado de entregar auxilios para riego a familias prestantes de la alta sociedad costeña y fraccionar las
fincas para aumentar dichos auxilios.
Toda esa estrategia que poco a poco montó Arias con ese
regalo dinero a quienes no lo necesitaban y con préstamos a reinas de belleza
que nada sabían de agricultura ni de riego, estaba encaminada a consolidarlo como el sucesor en la Presidencia
de la República en caso que Álvaro Uribe no se lanzara a su segunda reelección.
Entonces el camino estaba abonado y con el apoyo del programa
Familias en Acción que hábilmente Uribe había trabajado durante ocho años,
estaba asegurado un delfín leal que prometía no desviar el rumbo de la
Seguridad Democrática.
Sin embargo, Arias no
logró ni siquiera ganar la consulta interna del Partido conservador y con ello
la candidatura de la primera magistratura se fue al traste. En ese momento,
dada la coyuntura política, surgió el nombre de Juan Manuel Santos por quien se
la jugó Uribe y a la postre ganó por una abrumadora mayoría.
Luego de estos hechos, el nombre de Andrés Felipe Arias comenzó
a perder peso y de traspié en traspié llegaron las denuncias de la desviación
en los fondos del ministerio, hasta culminar con la acusación formal de la
Fiscalía y la captura con lo cual se daba por finalizada su carrera política.
Es indudable la culpabilidad del exministro en estos desvíos
de fondos públicos pues hasta varios de los implicados, la familia Dávila, aceptaron
los cargos y están en proceso de negociación, inclusive los amigos más cercanos
en el ministerio, uno a uno, fueron revelando datos que lo implican como la
persona que ideó el plan.
Pero en el caso Arias la justicia ha fallado en varios
aspectos. En principio se mostró firme con la decisión de no otorgarle la
libertad en cuatro tres oportunidades, bajo la tesis de considerarlo un
personaje que podría afectar los testimonios de los testigos debido a su
influencia en el mundo político y en segundo lugar contemplar la posibilidad de
verlo asilado en alguna embajada como ha ocurrido con otros funcionarios del
anterior gobierno.
Ahora parece que La magistrada del Tribunal Superior de
Bogotá, Patricia Rodríguez, tomó en consideración otros aspectos, tal vez
familiares, para dejarlo en libertad a pesar que las primera razones no
han cambiado. Arias sigue siendo un hombre influyente y puede afectar el proceso
desde la calle.
Pero lo que más ha confundido a la opinión pública es la
demora en el llamamiento a juicio que ha hecho pensar en una politización de todo
el proceso, cuando lo que realmente pasa es la clásica lentitud en los juzgados
de nuestro país.
Si Arias es culpable, como todas las pruebas hasta ahora lo
indican, pues que los jueces “se pongan las pilas” y lo enjuicien en un debido
un ágil proceso y no sigan dando palos de ciego en este y otras casos que van a
cumplir años engavetados en los tribunales.
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