A raíz de la destitución del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo
Petro, por parte del procurador Ordóñez, la sociedad del país y en especial la
bogotana, se ha polarizado en torno a la legalidad de este fallo
administrativo.
Casi todo va y viene sobre la figura del alcalde, quien
hábilmente, ha puesto a opinar a personajes e instituciones, que van desde el
Presidente hasta cortes internacionales de derechos humanos.
Ahora hay dos bandos. Unos, que por sus razones político-religiosas y afectos al Procurador sostienen que la decisión se tomó en derecho,
lejos de cualquier tinte político y casi que excusando a Ordóñez, argumentan
que este era el único camino que le quedaba para sancionar estas fallas en la toma
de decisiones gerenciales relacionadas con Bogotá.
Otros, fieles seguidores a Petro, están convencidos que la destitución
y porterior inhabilidad por 15 años, se la ganó hace mucho tiempo simplemente
por ser de izquierda y que para ello, el Procurador contó con la simpatía de sectores de derecha
quienes armaron una componenda pues se vieron muy afectados por la decisiones
en el sector del aseo capitalino.
Pero lo que más llama la atención es la posición asumida por
el gobierno Santos en compañía de los gremios económicos y políticos en el sentido
de llamar a respetar la institucionalidad
para que Petro acate el fallo y de un paso al costado.
Todo este pedido estaría bien encaminado si no fuera porque
el mismo Santos que hoy está pidiendo que seamos un país decente que respeta y
acata las normas de los jueces y sus instituciones, se le olvida que por
ejemplo en el caso del Superintendente
financiero, a quien el mismo Ordóñez destituyó e inhabilitó por faltas
gravísimas que permitieron el robo de Interbolsa, el Presidente de la
República, respetó la decisión, pero de dientes para afuera porque mantuvo en
el cargo al funcionario.
Así mismo, si vamos a ser un
país decente que acata y respeta
los veredictos judiciales, inclusive los internacionales, debemos empezar por respetar el fallo de La Haya, en lugar de
asumir la posición del embudo; que mientas las decisiones judiciales no un nos afecten, todo está bien, pero en caso
contrario buscamos la forma de demandar para birlar la ley y no cumplir con sus
sentencias.
Si vamos a ser un país decente que acatar y la ley, se debe empezar
por reconocer que aquí la mafia compró
unas elecciones para poner un presidente cuatro años en la Casa de
Nariño y que los paramilitares hicieron lo propio, pero esta vez fueron ocho
años, donde la corrupción se paseó por todos los campos.
Si vamos a ser un país decente, empecemos por lo más simple,
respetar la ley, pero no como dicen popularmente; solo para los de ruana.
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