La Procuraduría regional de Antioquia destituyó e
inhabilitó por 13 años al diputado Rodrigo Mesa por falsedad en documento público
y también por haber ofendido al Chocó y sus habitantes.
Lo curioso del asunto radica en que si este señor no insulta
a este departamento en la forma que lo hizo, seguiría trabajado en la Asamblea
antioqueña tranquilamente con documentos falsificados. Entonces, la ciudadanía se pregunta dónde están los controles para la posesión de
funcionarios en las asambleas y diferentes corporaciones del estado? Por qué acepta
cualquier documento sin verificar la
legalidad de este para que una persona ocupe un cargo público durante años y en
la mayoría de los casos logren su continuidad en las entidades estatales?
Esas preguntas que todos nos hacemos cada vez que ocurre una
situación similar, solamente tienen respuesta en la creciente y enquistada
corrupción, que hace todos los trámites
administrativos de las entidades
públicas sean objetos de pagos y sobornos, para qué, como es el caso que nos
ocupa, se pueda seguir adelante con la posesión o firma de los contratos con documentos
falsificados.
Pero afortunadamente, con hechos de estos, la justicia se empieza a mover
aunque de manera un poco lenta y estos personajes y estas prácticas, ojalá tiendan
a desaparecer del ámbito nacional.
Mientras tanto, en una situación no muy lejana, también gracias al rechazo y movimiento de la
sociedad civil, el senador Merlano se presenta arrepentido y pidiendo excusas
al pueblo colombiano y llamado al acatamiento de las leyes por parte, especialmente
de la juventud, ante la expectativa de un juicio disciplinario por parte de la
misma Procuraduría.
También curioso que solamente cuando los procesos han
avanzado y las autoridades se disponen a dictaminar alguna sanción, estos
personajes, que ayer parecían prepotentes, hoy se exhiben como unas mansas
palomas.

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