A
pesar de la abrumadora reelección del procurador, Alejandro Ordóñez anoche en
el Congreso, quedó la sensación que primó más la maquinaria clientelista,
traducida en el afán de los políticos para que sus cuotas en el ministerio y en
otras entidades estatales no se perdieran y ellos se quedaran con las manos
vacías, que realmente elegir a una persona que garantizara imparcialidad en el
manejo de la destinos de la Procuraduría los siguientes cuatro años.
Y
es que precisamente, en la elección en el Congreso, hubo de todo menos una
sesión digna. Partidos políticos que habían anunciado su apoyo a la candidatura
de Ordóñez desde hacía dos meses, cuando ni siquiera se conocía la terna, es
decir a estos políticos les pareció que la única persona capacitada para el
cargo era este señor, sin dar el más mínimo chance a otros representantes.
La
renuncia de una ternada y las inhabilidades resueltas rápidamente para poder
votar por Ordóñez, no constituyeron ningún impedimento para avanzar en la reelección
que al final fue exitosa.
En
el fondo, todos en el Congreso manejaban la misma teoría. La continuidad de
Ordóñez estaba decidida con la complacencia de la mayoría de la clase política,
frente a dos muy pobres contrincantes y con unos pocos votos en blanco en señal
de rechazo. Cabe resaltar la posición de María Mercedes López, quien con su
renuncia sentó un precedente ante la falta de garantías en la competencia por
la Procuraduría.
Pero
lo que causa una mayor controversia es el hecho de la falta de imparcialidad de
Ordóñez al momento de impartir justicia.
En
muchas ocasiones se ha visto a un funcionario que no acata los conceptos jurídicos,
como lo ocurrido con las disposiciones de la Corte Constitucional sobre el
aborto, para imponer sus convicciones religiosas, pretendiendo canalizar la
aceptación de la mayoría de los colombianos.
En
ese sentido falla Ordóñez, pues confunde los postulados católicos con el
ordenamiento jurídico establecido y eso cuando se trata del comportamiento de
un funcionario público, es inaceptable.
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